(Fuente: diario El Día) Al principio la pérdida de peso me resultó atractiva. Llegaba enero y aunque este año la playa tuvo que esperar, siempre es bueno perder los excesos de una temporada laboral con mucha comida y pocos ejercicios aeróbicos. Pero entonces la caída se aceleró, perdí 8 kilos en dos semanas y terminé internado en una especie de terapia intensiva ad hoc, con 645 de glucemia y un cuadro que me dejó al borde de un coma diabético. Durante la convalecencia el Instituto Médico Platense me proporcionó la vital insulina que le permitía al azúcar de mi sangre abrirse paso en las distintas células, para proporcionar la energía que mi cuerpo necesitaba, pero cuando abandoné el hospital y mi mujer se dirigió a la farmacia a comprar la medicina recetada, empezó el sin sentido. “Tiene que autorizar la orden en IOMA” le dijeron.
PAPELITOS Y DEMORAS
La muchacha de informes derrochaba amabilidad, que no es poco, pero las palabras que salieron de su boca no aportaron mucha tranquilidad: “IOMA tiene entre 30 y 40 días de demora en la entrega de insulina”, espetó la empleada, entregando un papelito con los quichicientos papeles que había que entregar para solicitar el reintegro, en el hipotético caso de que pudiera pagarme los 500 pesos del frasquito con la droga. La burocracia por supuesto no es patrimonio exclusivo del sector público; mi hermano logró finalmente esta semana que la gente de Edelap le conecte la luz, después de varios días de idas y vueltas en las que por supuesto tuvo que pagar rigurosamente el alquiler del nuevo departamento al que no se podía mudar.
LA OTRA GRAN DEUDA
Si la semana pasada decía que uno de los temas importantes para atacar una vez que pase lo urgente, tenía que ver con diseñar una nueva escuela que nos permita aprovechar la enorme potencialidad de desarrollo que tenemos, reducir drásticamente los niveles de burocracia y dinamizar los procesos administrativos es la otra gran deuda pendiente de nuestra economía que, en caso de lograrlo, nos permitiría desarrollarnos, sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. No hay excusas para que abrir una empresa, por ejemplo, demore en Argentina 25 días en promedio, cuando según el informe de Doing Business, que depende del Banco Mundial, en Chile se tarda 5,5 días para el mismo trámite y en Uruguay 6,5. En materia de permisos de construcción, siempre de acuerdo a la misma fuente, en nuestro país hay que hacer 24 trámites distintos que demoran 365 días, mientras que nuestros vecinos transandinos solo requieren 15 diligencias administrativas, que les insumen 155 días y los Charrúas 22 pasos burocráticos, que hacen en promedio en 256 jornadas. Lo mismo ocurre con el tiempo perdido para registrar propiedades, acá es de 53 días para 7 procedimientos, en comparación con los 28 días de papeleos en Chile (6 pasos administrativos). Allí Uruguay también tiene problemas porque requiere 8 trámites que consumen 66 días. Imagine cuánto aumentaría la productividad argentina y cuán interesante sería nuestro país para hacer negocios si pudiéramos eliminar los trámites y las colas, si pudiéramos devolverle a la gente la enorme cantidad de tiempo tirada a la basura todos los años.
TRAMITES PARA BORRAR
Ok, soy consciente de que algunos controles debe haber y que no se pueden eliminar todos los pasos administrativos, pero podríamos empezar por identificar los más inútiles y borrarlos del mapa. Esto es exactamente lo que hizo el Gobierno mexicano en 2009, cuando el propio Presidente Felipe Calderón le entregó a Cecilia Deyanira Velazquez, una ciudadana común y corriente, un cheque de 300.000 pesos en reconocimiento por haber denunciado un trámite completamente innecesario que debía efectuar en el Instituto Mexicano del Seguro de Salud (IMSS) para conseguir un medicamento que debía aplicarle a su hijo de siete años, dos veces al mes. Esta iniciativa ingeniosa se contagió a otros países. La Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno del Perú lanzó su propia versión titulada “El Trámite de Más” y un par de emprendedores del Uruguay pusieron en marcha un concurso semejante desde un visitado blog. En el caso mexicano se presentaron 21.113 participantes convencidos de que el trámite que habían debido sortear era engorroso e innecesario y no es difícil imaginarse una convocatoria similar en la Argentina, para los tres niveles de gobierno. Habrá resistencias, naturalmente. Cada paso administrativo innecesario es una invitación a la corrupción, e incluso cuando los funcionarios fueran altamente honestos, genera una “beca laboral” para muchos empleados que en caso de que ese trámite fuera eliminado deberían buscar alguna actividad más productiva a la que dedicar su tiempo. No es casualidad que entre el tercer trimestre del 2006 y similar período del 2013 se hayan creado 480.892 puestos de trabajo en el Sector Público registrado, según los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, representando un incremento de la burocracia del 44,4% en un contexto en que la creación de empleo privado registrado se incrementó solo un 24%. En tanto y en cuanto no se percibe una mejora sustantiva ni de la cantidad ni de la calidad de los bienes y servicios provistos por el Estado, resulta evidente que el engorde de cargos solo aporta más burocracia que encima le pone una mochila de plomo a las actividades privadas, frenando el desarrollo económico.
Eliminemos ya los trámites más inútiles y si hay que seguir pagándoles a los burócratas, hagámoslo, pero que se queden en sus casas. Es preferible implementar un “Plan Descansar”, si podemos borrar del mapa los “Plan impedir” y “Plan Trabar”.
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS)
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