jueves, 23 de octubre de 2014

El gobierno de la Ciudad de Bs. As. quiere instalar un McDonalds en el Hospital Gutiérrez



Fuente: Diario Registrado.- La primera vez que lo había propuesto, aquel proyecto perdió estado parlamentario por no haberse tratado en dos años. Pero ahora, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, lo hizo otra vez. El líder del PRO elevó a la Legislatura porteña el proyecto para ceder por 20 años a la Asociación "Casa de Ronald McDonald", una parte del predio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para que sea utilizado como sitio de esparcimiento para los familiares de los internados.
La primera versión fue redactada en 2012, pero nunca llegó a ser aprobado por los legisladores que se oponen firmemente a la iniciativa, al igual que los trabajadores del hospital.
El texto de la iniciativa contempla el otorgamiento de un permiso de uso a tí­tulo gratuito y precario, sobre un terreno perteneciente al Gobierno de la Ciudad sito dentro del Hospital por el plazo de 20 años.
La excusa que pone de por medio la empresa multinacional es proveer un sitio de descanso especial para los familiares de los niños internados en terapia intensiva de neonatología, polivalente, intermedia y cardiovascular.
La insólita propuesta sorprende por la hipocresía de instalar un servicio de comidas rápidas -cuya influencia en la multiplicación de enfermos de obesidad en los Estados Unidos está ciertamente comprobada- en un espacio que se dedica a cuidar la salud de las personas.
En lugar de este auténtico papelón, los legisladores del macrismo podrían redactar proyectos para garantizar el mantenimiento de los centros de salud, así como, el otorgamiento de los justos salarios que vienen reclamando los profesionales de la salud hace varios meses.

viernes, 17 de octubre de 2014

Red Bull pagará US$13 millones a consumidores ´por no dar alas´




Fuente: RPP Noticias (Perú) - Imágen: scientiablog.com.- La empresa austriaco tailandesa productora de la bebida energética Red Bull tendrá que pagar 13 millones de dólares a los consumidores que se sintieron engañados con su célebre eslogan "Red Bull te da alas".  Esto luego que la justicia estadounidense, en atención a sus estrictas leyes de protección al consumidor, fallara a favor de una demanda colectiva contra la compañía por publicidad engañosa. Según el acuerdo, la empresa indemnizará con un reembolso de 10 dólares en efectivo o de 15 dólares en productos a las personas que adquirieron la bebida entre el 1 de enero de 2002 y el 3 de octubre de 2014 y que se sintieron decepcionados con la experiencia. 
Los consumidores, antes tendrán que llenar un formulario solicitando la compensación. Vale precisar que la indemnización es válida solo para los que compraron la bebida en Estados Unidos. 
La sanción no solo atiende la demanda sobre la falsedad de la promesa de que le bebida energizante "te da alas", sino, además, cuestiona que estimule el desempeño físico o mental. 
“Estas prácticas cuestionables significan que la publicidad de Red Bull no sólo es exagerada, sino que además es engañosa y fraudulenta. Incluso ante la falta de evidencia científica de que tomar una Red Bull no te aporta más beneficios que una taza de café, la empresa insiste en que su producto es una fuente superior de ‘energía’, justificando su costo muy superior al de otras fuentes de cafeína”, argumenta la demanda según informó el diario británico Daily Mail.
Por su parte, la empresa informó que resolvió allanarse a la demanda para evitar los costos y las distracciones de un juicio, sin embargo, aclararon que su "publicidad y etiquetados siempre han sido certeros y verídicos", por lo que negaron "cualquier intención de causar confusión en los consumidores”.

sábado, 4 de octubre de 2014

Derecho al olvido: primera condena a Google en Europa


Fuente: La Nación.- La justicia francesa ha condenado por primera vez a Google por no aplicar en Europa el llamado derecho al olvido, por el que los ciudadanos pueden exigir al buscador que borre informaciones que les atañen si se comprueba que son lesivas y no tienen relevancia pública. En una sentencia amparada en la doctrina sentada en mayo por la justicia europea, el Tribunal de Gran Instancia de París le obliga a eliminar textos difamatorios contra dos personas y, además, a hacerlo en todo el mundo, sentando así un importante precedente, según expertos consultados. El buscador no podrá limitarse a retirar datos con un determinado dominio (.fr, de Francia en este caso) como pretendía -esgrime la sala- porque bastaría usar terminaciones de otros países (.es de España, .it de Italia etcétera) para acceder a ellas.

Aunque la resolución es recurrible, es relevante porque supone un varapalo a la política que emprendió la compañía en mayo, tras la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó -a requerimiento de la Audiencia Nacional española- los requisitos para poder exigir la cancelación de una información de la Red. El buscador, que a 30 de septiembre había recibido en Europa 135.000 solicitudes de borrado relativas a medio millón de páginas, solo atiende desde entonces peticiones de ciudadanos europeos y referidas a dominios europeos, según confirma Google España. 'La protección de datos se concede a las personas, no a ciudadanos de determinados países', dice el abogado Pablo Fernández Burgueño, del bufete Abanlex. La sentencia no profundiza en esta cuestión que sí destacan los juristas contactados.
Los protagonistas de la demanda en Francia son dos ciudadanos, cuya identidad no ha trascendido, que exigieron la retirada de una información relativa a su vida personal y profesional, alojada en una página web y en Facebook. Alegaron que era difamatoria. La pasada primavera, el Tribunal Correccional de París les amparó, y los demandantes pidieron sin éxito a Google su retirada, confirma su abogado Ruben Ifrah. La firma adujo que faltaban documentos. Ahora el Tribunal de Gran Instancia le exige que la suprima en todo el mundo, aferrándose a la directiva europea, y siguiendo la jurisprudencia del alto tribunal de la UE que dejó bien claro que el derecho al olvido implica que la información 'no se ponga a disposición del público en general'.
'Google France solicita, en vano, que la conminación sea limitada a los enlaces de Google.fr cuando no establece la imposibilidad de conectarse desde el territorio francés utilizando otras terminaciones del motor de búsqueda Google', argumenta la sala francesa. 'El Tribunal de Justicia de la UE consideró que (...) las actividades del explotador del buscador y las de su establecimiento situado en el Estado miembro concernido están relacionadas de forma indisociable'.
La compañía dice tomarse en serio la decisión de la justicia francesa. 'Es importante señalar que todo empezó antes de la sentencia del Tribunal de la UE. Tomamos conocimiento de esta decisión y estudiamos las diferentes opciones que se nos abren', asegura un portavoz de Google Francia.
La multinacional tiene ante sí una avalancha de peticiones que solucionar, además de las que están en tribunales -solo en la Audiencia Nacional hay 220 casos vivos-. Desde mayo, ha recibido, de media, 1000 solicitudes al día a través de un formulario que estableció en Internet para tal fin. Según sus datos, un 50% de las peticiones examinadas son aprobadas, el 30%, rechazadas, y en el 20% restante de los casos exigen más información al solicitante. Las cifras no coinciden con las que maneja la agencia francesa Reputation VIP, especializada en la protección de la e-reputación (o reputación virtual). De 7085 solicitudes examinadas en los últimos tres meses, Google habría aceptado un 36% y rechazado un 59%. Sobre su contenido, se sabe poco. La compañía no da detalles. 'Lo que nos llama la atención es que Google está dando la misma respuesta con independencia de la información que se solicita desindexar', dice Samuel Parra, CEO de la firma ePrivacidad. En su caso, han visto cómo la compañía apelaba a 'cuestiones relativas a su capacidad profesional de considerable interés para el público' en dos casos bien distintos en los que se ha negado a eliminar la información requerida: un blog anónimo en el que se tacha de pederasta a un inocente y el dato de una persona de una lista provisional para el acceso a un puesto en la Administración.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

La CSJN ordena la creación de un registro de acciones colectivas de alcance nacional

Fuente: Francisco Verbic - http://classactionsargentina.com/.- En fecha 23 de septiembre de 2014 la CSJN dictó sentencia en autos “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión S.A. s/ Amparo” (causa M.1145.XILX). La decisión revocó la medida catuelar innovativa dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a favor de los usuarios domiciliados en el partido de Berazategui (Provincia de Buenos Aires), según la cual la empresa demandada debía cobrar por sus servicios un precio determinado por ciertas Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y refacturar en consecuencia.
La sentencia contiene desarrollos relevantes y ciertamente novedosos sobre algunas cuestiones de interés en materia de tutela colectiva de derechos, como ser el alcance de la legitimación colectiva de un Intendente para promover pretensiones que impliquen control de precios y normativa nacional, el alcance de las medidas cautelares innovativas en este campo y el creciente fenómeno de los litigios colectivos paralelos y superpuestos.
Con relación a este último aspecto, la CSJN sostuvo que “durante el último tiempo este Tribunal ha advertido un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de di erentes tribunales del país. Esta circunstancia genera, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro. También favorece la objetable multiplicación de acciones procesales con objetos superpuestos tendientes a ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable a los intereses del legitimado activo o de interferir en la decisión dictada en el marco de otro expediente” (considerando 7° del voto de la mayoría, replicado por el considerando 10° del voto concurrente de Highton de Nolasco).
Por dichas razones, y “en atención a que los aludidos inconvenientes podrían conllevar a situaciones de gravedad institucional”, el Tribunal estimó “necesaria” la creación por medio de Acordada de un “Registro de Acciones Colectivas en el que deban inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales del país”. Este Registro, en palabras de la propia Corte, “Tiende entonces a evitar el escándalo jurídico que podría representar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas y a lograr la economía procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio de justicia. Asimismo, el registro brindará información a los tribunales y a los legitimados colectivos o individuales acerca de la existencia de procesos de esa naturaleza y favorecerá el acceso a justicia al permitir a los habitantes conocer la existencia de procesos y sentencias de las que puedan ser beneficiarios”(considerando 10° del voto de la mayoría).
La medida sigue la línea iniciada por la SCBA a nivel local hace poco más de un año (ver entradas al respecto acá, acá yacá), con la lógica ventaja de poder integrar a todos los litigios colectivos del país de manera obligatoria debido a su posición institucional. Se trata de un gran avance en la materia, que además de las finalidades señaladas por la CSJN permitirá comenzar a tener valiosa información sobre el alcance y particularidades del fenómeno de los procesos colectivos a nivel nacional.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Consumidores y usuarios tienen derecho a verle la cara a las empresas


Por Alejandro Pérez Hazaña y Dante Rusconi.- [Extracto - Abajo link al texto completo] La atención al público de las empresas se modificó fuertemente en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos y a los nuevos modelos de gestión de clientes. Así, de una atención casi exclusivamente personal en centros de atención al cliente, se comenzó a brindar servicios de atención telefónica. Dado el ahorro en costos que esto generaba, se fue expandiendo cada vez más su uso y, con el tiempo, los prestatarios de servicios públicos pasaron de un modelo de atención a los usuarios "cara a cara", a uno de atención a distancia. Esto llevó al cierre de buena parte de los centros de atención al cliente que las prestatarias poseían diseminados por todo el territorio nacional.


En paralelo se iniciaron prácticas de automatización de la atención, como los servicios de atención telefónica computarizada con mensajes pre-grabados. La llegada de nuevos medios de atención a distancia —mail, redes sociales, páginas web con chats, etc., y últimamente incluso chats automatizados—, llevó a un acentuamiento de estos métodos, hasta el punto de la aparición de empresas prestadoras de servicios sin centros físicos de atención al público. A pesar de esa tendencia generalizada a la "despersonalización" de los vínculos empresariales con sus clientes, puede advertirse que este fenómeno fue notoriamente mayor en algunas áreas, principalmente las destinadas a recibir reclamos de los usuarios o a brindar información y asesoramiento "no comerciales", mientras que, por el contrario, en otras secciones de la organización interna relacionadas con las ventas, servicios de cobros o financiamiento, ello no ocurrió.

A pesar de que la Ley 24.240 contempla en su artículo 27 la exigencia de que las empresas prestadoras de servicios públicos brinden atención personalizada, puede anticiparse que los efectos o resultados prácticos de estas iniciativas son deficitarios. La falta de controles efectivos por parte de las autoridades, sumado al renovado ingenio de los proveedores remisos, muestran en la práctica el incumplimiento de esta garantía.

Interpretaciones acotadas pretenden encubrir la intención de disminuir al mínimo los "costos" de atención al consumidor, derivando la "inversión" a la publicidad o a la colocación de nuevos productos y servicios. Es censurable la postura de algunos proveedores —que el legislador trató de revertir al fijar la garantía de la atención personalizada— que creen posible limitar su función a la de colocación de productos y servicios en el mercado, considerando el resto del iter de la relación de consumo como un "costo" que debe ser evitado. Es necesario llamar la atención sobre este punto, de modo que los proveedores adviertan que el respeto y la calidad de atención a sus clientes también puede ser un importante factor de diferenciación respecto de sus competidores y parte del valor agregado de sus productos y servicios. Texto completo...