(Fuente: diario La Nación, 11.10.2012) Las organizaciones en defensa del consumidor constituían, hasta junio de este año, uno de los escasos instrumentos a los que podía recurrir un indefenso ciudadano para paliar eventuales abusos, desinformaciones o engaños que lo asedian cotidianamente a través de los artículos que compra o de los bienes y servicios que contrata. La omnipotencia de la Secretaría de Comercio Interior ha decidido interferir también en estos recursos legales que permitían, aunque más no fuera de manera individual y muchas veces en forma precaria, saber qué comemos, con qué hilos nos vestimos, cómo trasladarnos de un lugar a otro sin riesgo de muerte, cuál es el grado de toxicidad del material de los juguetes importados, cuál es el grado verdadero de grasa de los yogures dietéticos, cuántos meses de garantía tiene el arreglo de un lavarropas, y así sucesivamente. (...) María Elena Walsh publicó en 1979 un memorable artículo que llevaba por título "Desventuras en el país jardín de infantes". Allí denunciaba la pacatería, la censura, la hipocresía de una dictadura que trataba a la sociedad como a un conjunto de párvulos idiotas que no saben diferenciar el bien del mal y, por eso, los pone todo el tiempo de plantón con el bonete de burro. Es obvio que muchísimo ha cambiado desde entonces, que ambas realidades son incomparables y que es odioso hacer este tipo de comparaciones. Pero hay un denominador común de ambos momentos, una idiosincrática manera argentina de confrontarse con los problemas barriéndolos debajo de la alfombra: prohibirlos, cubrirlos de una cháchara lingüística indecidora o hacerlos desaparecer del lenguaje. Leer nota completa...
(*) Sobre la autora (Fuente: Página/12 del 01.06.2012)
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