En Brasil se aprueba el proyecto para la reforma del Código de Defensa del Consumidor

(Fuente: Jornal do Senado) El nuevo texto del Código de Defensa del Consumidor (CDC) busca modernizar la legislación de 1990, defendiendo al ciudadano que compra bienes o servicios a través de Internet e imponiendo restricciones a la oferta de crédito para frenar el endeudamiento excesivo. La modernización del Código de Protección al Consumidor ampliará la gama de protección de los consumidores. Esta es la opinión de Ricardo Ferraço (PMDB-ES), autor del informe final aprobado ayer por unanimidad por la Comisión Temporal para la Modernización del CDC (Ley 8.078/1990). El senador dijo que el comercio electrónico, el sobreendeudamiento y el fortalecimiento de los Procons son los puntos principales del texto. Explicó que el proyecto trata de aumentar la responsabilidad ambiental de las empresas, la restricción del spam, la expansión de los derechos de devolución y una mayor protección para el consumidor en el comercio electrónico internacional. Recordó que de cada diez brasileños cuatro compran por Internet.

El proyecto también prevé la identificación de la ubicación física del negocio virtual y más claridad en la descripción de las mercancías vendidas. También figura en el texto la responsabilidad solidaria entre el sitio de internet y el proveedor del producto - modificación de Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP) - y la obligación del proveedor de informar las posibles fugas de datos. Señaló que el derecho de arrepentimiento permanece fijo en siete días.

En cuanto al sabreendeudamiento, Ferraço dijo que el proyecto establece restricciones a la publicidad del crédito, y límites a la contratación del crédito consignando reglas más estrictas en materia de publicidad dirigida a los niños - como la prohibición de la discriminación a los que no tienen un juguete en particular o hacer del niño el "portavoz" del consumo-. El senador recordó que seis de cada diez familias "están en rojo."

El objetivo es actualizar la legislación a la nueva situación social, económica y tecnológica para construir relaciones éticas y equilibradas entre los que compran y los que venden productos y servicios de cualquier tipo - dijo Ferraço.

Para ello, los senadores estudiaron tres proyectos de ley (SLP 281, 282 y 283, 2012) presentados por la Comisión Especial de Juristas que analizaron el tema. Creada en diciembre de 2010 por el entonces presidente del Senado, José Sarney (PMDB-AP), el grupo estuvo encabezado por el Ministro de la Corte Superior de Justicia (STJ) Herman Benjamin y promovió 37 audiencias públicas con senadores, abogados y organizaciones de defensa de los consumidores.

Ferraço añadió que la reforma extiende el poder de los Procon, dándoles autonomía para intermediar en la conciliación entre el vendedor y el comprador y negociar la devolución de valores, cuando fuera el caso. La idea es aliviar los tribunales con este tipo de demandas.

Según el presidente del comité, Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), la votación del proyecto fue posible por acuerdo, previendo que cualquier diferencia se tratará luego en el Plenario, hacia donde se remitió el trámite. Lea la noticia en portugés...